Protestas de centenares de trabajadores, cortes de calles y barricadas en Cataluña. El fabricante japonés de automóviles ha decidido cerrar su planta principal en Barcelona en diciembre.
La decisión afecta a 3.200 puestos de trabajo directos y otros 20.000 indirectos dependientes de la cadena de suministro.
“Es un plan de hace muchos años, nos mataron de hambre y no es que esta planta no sea rentable, ninguna planta es rentable si no tiene volumen de producción y aquí nos dejan morir”, asegura Jordi Carbonell, empleado de Nissa.
Otro trabajador, Juan Sánchez, cuenta que tras 16 años en la empresa, “de momento el futuro es un poco complicado porque con COVID-19 la situación está empeorando: no encontramos trabajo, hay muchos despidos en otras empresas”.
Un plan de reestructuración industrial
El Gobierno busca salvar los empleos. La Ministra de Industria dice que continuará el diálogo con Nissan y las autoridades locales para desarrollar ideas alternativas y les han pedido un plan de reestructuración industrial.
“Sabemos de las dificultades económicas por las que está pasando Nissan, especialmente por el impacto de COVID-19. Pero creemos que también debemos pensar en el medio y largo plazo, y en ese medio y largo plazo, Nissan puede fortalecerse en España y así contar con la fuerza del mercado europeo, que es muy importante para ellos”, ha asegurado Reyes Maroto.
Nissan contempla registrar una reducción del 20% de su capacidad de producción en todo el mundo. Pero de momento, Nissan no quiere tirar la toalla en Europa, porque va a mantener la fábrica de Sunderland como base de producción para Europa Occidental, una zona que, de acuerdo con el plan de la alianza, estará bajo el paraguas de Renault.
Ha estado operando en Cataluña durante 40 años, y el cierre podría costar a la compañía alrededor de 1.000 millones de euros. Dos de sus instalaciones en el norte del país continuarán fabricando piezas.
